Brasil protege a Nadine Heredia frente a una condena judicial cuestionada en Perú
Delismar González Tortolero 
Luiz Inácio Lula da Silva, otorgó asilo político a Nadine Heredia, ex primera dama de Perú, tras ser condenada a 15 años de prisión por lavado de activos.
En un giro que ha captado la atención internacional, el gobierno de Brasil, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, otorgó asilo político a Nadine Heredia, ex primera dama de Perú, tras ser condenada a 15 años de prisión por lavado de activos.
Heredia, junto a su hijo menor, abandonó Lima rumbo a Brasilia en un vuelo oficial, amparada por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, lo que ha generado un intenso debate sobre la independencia judicial y los derechos políticos en la región.
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La condena a Nadine Heredia se enmarca en el caso Lava Jato, donde se le acusa de recibir aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno venezolano para las campañas presidenciales de su esposo, Ollanta Humala, en 2006 y 2011. Mientras Humala fue encarcelado en el penal de Barbadillo, Heredia solicitó asilo en la embajada de Brasil en Lima, alegando persecución política.
El gobierno brasileño, al conceder el asilo, invocó los artículos V y XII de la mencionada convención, solicitando al Perú el salvoconducto necesario para la salida de Heredia y su hijo.
El Ejecutivo peruano, liderado por Dina Boluarte, accedió a esta petición, facilitando su traslado. Esta decisión ha sido respaldada por sectores progresistas que cuestionan la imparcialidad del sistema judicial peruano y ven en el asilo una medida de protección frente a posibles abusos de poder.
Organizaciones de derechos humanos y figuras políticas progresistas han expresado su apoyo a la decisión de Brasil, destacando la necesidad de garantizar procesos judiciales justos y transparentes.
Se señala que casos como el de Heredia reflejan una tendencia preocupante en América Latina, donde la justicia puede ser utilizada como herramienta de persecución política.
El asilo concedido a Nadine Heredia por Brasil pone en evidencia las tensiones entre la justicia y la política en América Latina. Más allá de las acusaciones específicas, este caso subraya la importancia de proteger los derechos fundamentales y garantizar que los procesos judiciales no sean utilizados con fines políticos.
En tiempos de polarización y desconfianza institucional, la solidaridad entre naciones y el respeto a los principios democráticos son esenciales para construir una región más justa y equitativa.
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