Colotxa 
Imagen de archivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid el 3 de abril de 2025 // Eduardo Parra // Europa Press // El Solidario
La Comunidad de Madrid ha concedido una subvención directa de dos millones de euros a la empresa Patio Campus SL, dirigida por el hermano del viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García Martín. La ayuda millonaria, otorgada sin concurrencia pública, ha levantado críticas por su opacidad y por el vínculo familiar con el Ejecutivo autonómico.
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El Gobierno regional justificó la concesión por “interés general”, aludiendo a la “capacidad” del proyecto para atraer talento e innovación. Sin embargo, la falta de transparencia y la evidente relación personal entre el adjudicatario y un alto cargo del Ejecutivo ponen en duda la neutralidad del proceso y reavivan el debate sobre el clientelismo en las instituciones públicas madrileñas.
La empresa beneficiaria, Patio Campus S.L., fue creada en 2021 y su administrador único es Gonzalo Cabrera Martín, hermano del viceconsejero de Presidencia. El contrato fue formalizado apenas tres meses después de que el Gobierno central habilitara un fondo de ayudas para innovación. Mientras otras iniciativas debían concurrir en igualdad de condiciones, Patio Campus SL recibió la totalidad de la subvención solicitada sin competir.
Más Madrid solicita una investigación penal ante la Fiscalía
Desde la oposición, el partido liderado por Manuela Bergerot, denuncia un “nuevo caso de favoritismo institucional” y exigen explicaciones a Ayuso. Colectivos sociales y vecinales señalan que mientras se destinan fondos millonarios a empresas del entorno del poder, persisten recortes en educación, sanidad y políticas sociales. La Plataforma por la Transparencia en Madrid ha anunciado acciones legales para investigar el proceso de adjudicación.
En un contexto de crisis económica y precariedad generalizada, este nuevo episodio de presunto trato de favor vuelve a poner en evidencia a Ayuso y su política al servicio de intereses privados. Exigir responsabilidad pública, y que se investigue como delito penal no es una opción, es un deber democrático.
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