Apagón masivo en Chile evidencia la urgente necesidad de infraestructuras energéticas sostenibles
Delismar González Tortolero 
Archivo : el solidario dando voz a los que no la tienen
El pasado 25 de febrero de 2025, Chile enfrentó un apagón masivo que afectó al 80% de los usuarios del servicio eléctrico, según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Este evento dejó a millones de personas sin suministro eléctrico durante horas, paralizando actividades esenciales y generando caos en diversas regiones del país.
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La interrupción del servicio eléctrico, que comenzó a las 15:16 hora local, se debió a una desconexión en el sistema de transmisión de una línea eléctrica ubicada en el norte de Chile.
Esta falla provocó el cierre de comercios, bancos y centros comerciales, además de afectar el funcionamiento del transporte público, incluyendo la paralización del Metro de Santiago, lo que dejó a miles de personas varadas. A pesar de la magnitud del incidente, los hospitales continuaron operando con normalidad gracias a sistemas de respaldo.
La respuesta del gobierno y la sociedad civil
Ante la emergencia, el gobierno, liderado por el presidente Gabriel Boric, convocó al Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) y declaró el estado de excepción por catástrofe, implementando un toque de queda desde las 22:00 hasta las 6:00 horas en las regiones afectadas.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que no existen indicios de un ataque y atribuyó el apagón a una falla operativa del sistema.
Organizaciones progresistas y expertos en energía han señalado que este incidente evidencia la necesidad de invertir en infraestructuras energéticas sostenibles y diversificar las fuentes de generación eléctrica.
La dependencia de sistemas centralizados y la falta de mantenimiento adecuado aumentan la vulnerabilidad ante fallas técnicas y eventos climáticos extremos.
Hacia una transición energética justa y resiliente
El apagón masivo en Chile subraya la importancia de adoptar políticas energéticas que promuevan la sostenibilidad, la resiliencia y la inclusión social. Es imperativo que el Estado, en colaboración con la sociedad civil y el sector privado, impulse la transición hacia energías renovables, garantice el acceso equitativo a servicios básicos y fortalezca las infraestructuras críticas para prevenir futuros incidentes de esta magnitud.
Solo a través de un enfoque progresista y comprometido con el bienestar colectivo se podrá construir un sistema energético robusto y justo para todos los chilenos.
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