Alarma por el auge de okupaciones en 2024: Cataluña, epicentro con más de 7.000 denuncias
Fatima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO. Manifestación contra la okupaciones.
En 2024, las denuncias por ocupaciones ilegales de viviendas en España aumentaron un 7,4%, alcanzando un total de 16.426 casos reportados por las Fuerzas de Seguridad. Cataluña lidera esta estadística con 7.009 denuncias, representando el 42% del total nacional.
Tendencias regionales: Madrid y Andalucía a la baja
Este incremento rompe la tendencia a la baja observada en 2023, cuando las ocupaciones disminuyeron casi un 9% en todo el país y un 10,63% en Cataluña. Mientras que regiones como Madrid y Andalucía experimentaron descensos en las denuncias durante 2024—con caídas del 4,3% y 5,3% respectivamente—la Comunidad Valenciana registró un aumento del 7,7%, sumando 1.767 casos.
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Aumento desde 2010
El fenómeno de la ocupación ha mostrado un crecimiento sostenido desde 2010, cuando se registraron aproximadamente 3.000 casos anuales. Para 2012, esta cifra se duplicó, y en 2024 se ha quintuplicado en comparación con 2010. En Cataluña, las denuncias se han duplicado desde 2014, pasando de 3.000 a más de 7.000 en la última década.
A pesar de este aumento, el Gobierno ha señalado una disminución en los casos de ocupación, basándose en datos judiciales que registran 1.513 condenas firmes relacionadas con allanamiento de morada, usurpación con violencia o intimidación y ocupación de inmuebles hasta mediados de 2024. Esta cifra contrasta con las 3.715 condenas en 2020 y las 4.961 en 2021, lo que sugiere una tendencia a la baja en las resoluciones judiciales.
Allanamiento y usurpación: claves para entender el fenómeno
Es crucial distinguir entre allanamiento de morada y usurpación. El allanamiento implica la ocupación ilegal de una vivienda habitada y es considerado un delito grave, mientras que la usurpación se refiere a la ocupación de inmuebles vacíos y suele conllevar sanciones menos severas. Las estadísticas oficiales no diferencian entre estos dos tipos penales, ya que la calificación jurídica se realiza posteriormente en el proceso judicial.
El debate político y social sobre la «desokupación»
La creciente preocupación por las ocupaciones ilegales ha generado debates políticos y sociales. Recientemente, el Congreso de los Diputados rechazó una propuesta para ilegalizar las empresas de «desokupación», con la abstención del PSOE. Esta iniciativa buscaba tipificar la actividad de estas empresas como delito de odio, argumentando que sus métodos podrían vulnerar los derechos de los ocupantes.
La persistencia y el aumento de las ocupaciones ilegales en ciertas regiones, especialmente en Cataluña, reflejan una problemática compleja que afecta tanto a propietarios como a comunidades enteras.
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