El gobierno español ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler turístico Airbnb por negarse a eliminar miles de propiedades sin licencia en varias ciudades españolas, a pesar de la legislación vigente que obliga a regularizar estos pisos.
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Las autoridades insisten en que esta falta de conformidad está afectando al mercado de vivienda y la calidad urbana. La plataforma, de nombre conocido en el sector, no ha respondido a los requerimientos administrativos, lo que ha llevado a una posible sanción económica.
La plataforma acusada de incumplir las normativas de licencias sostiene que gran parte de los pisos en cuestión fueron registrados antes de las regulaciones actuales. Sin embargo, las autoridades recuerdan que estas licencias deben ser actualizadas o, de lo contrario, las propiedades deberán ser retiradas del mercado de alquiler turístico.
Tras iniciar la investigación, la Dirección General de Consumo advirtió a una plataforma de alquiler turístico sobre la necesidad urgente de retirar anuncios de pisos ilegales. Sin embargo, la empresa no cumplió con la directriz y mantuvo los anuncios activos. El ministro Bustinduy subrayó que ninguna empresa, sin importar su tamaño, debe estar por encima de la ley, especialmente en el mercado de la vivienda.
Consumo abre expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos por no retirar anuncios que contendrían publicidad ilícita.
— Pablo Bustinduy (@pbustinduy) December 18, 2024
Reitero el mensaje: ninguna empresa, por grande o poderosa, debe estar por encima de la ley. Tampoco en el mercado de la vivienda.
Este incidente no solo pone en evidencia las tensiones entre el sector del alquiler turístico y los residentes, sino también el desafío de regular este mercado. Las plataformas de alquiler se han convertido en actores clave en la gestión de la oferta de vivienda, pero su impacto en el acceso a la vivienda está siendo cada vez más cuestionado.
La falta de control y regulación efectiva en el alquiler
En Madrid, en abril de 2024, se registraron 12.410 viviendas de uso turístico ilegales. Aunque el Ayuntamiento impuso sanciones de 30.000 euros a 176 de ellas en julio, estas representan solo el 1,4% del total. Además, los anuncios continúan aumentando, con un incremento de 1.153 pisos en la plataforma Airbnb desde mayo. Estos datos reflejan la creciente preocupación por la proliferación de alquileres ilegales, que afecta la disponibilidad de viviendas en la ciudad.
En Barcelona, la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico (ABDT) reportó 15.221 alojamientos turísticos en Airbnb, muchos de los cuales carecen de licencia válida. Más de la mitad son propiedades de múltiples dueños, algunos con permisos para unos pisos pero no para otros, y el 19,3% usan licencias duplicadas. Además, el 13% de estos alojamientos no ha realizado ningún trámite administrativo.
El asunto refleja un problema creciente en el sector del alquiler turístico. En diversas ciudades, la proliferación de apartamentos sin licencia ha generado tensiones con los residentes locales, quienes sufren el aumento de los precios del alquiler. Los críticos de la actividad sostienen que estas viviendas contribuyen a la escasez de viviendas asequibles y afectan la calidad de vida urbana.
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