Adjudicaciones directas en Andalucía: un obstáculo para la transparencia y la justicia social
Delismar González Tortolero 
Archivo el solidario dando voz a los que no la tienen/Diario de Jerez
Recientemente, se ha revelado que el Gobierno andaluz ha adjudicado de manera directa casi dos millones de euros a dos hoteles de playa para su uso como residencias escolares temporales. Esta medida se tomó debido al cierre de la residencia escolar Las Canteras, en Puerto Real, por unas obras de reforma que llevan dos años paralizadas. Desde octubre de 2023, la Consejería de Desarrollo Educativo ha firmado cuatro contratos de emergencia consecutivos con estos establecimientos hoteleros para realojar a un centenar de estudiantes.
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Esta práctica de adjudicación sin concurso público no es un caso aislado. La Junta de Andalucía ha prorrogado contratos negociados sin publicidad con clínicas privadas para reducir las listas de espera quirúrgica, duplicando el gasto inicial hasta los 222 millones de euros. Estas decisiones se han justificado en el contexto de la pandemia, pero han generado críticas por la falta de transparencia y la ausencia de procesos competitivos que garanticen la igualdad de oportunidades.
La necesidad de transparencia y participación ciudadana
Organizaciones progresistas y defensores de la justicia social han expresado su preocupación por estas prácticas, argumentando que la falta de transparencia y la adjudicación directa de contratos públicos pueden derivar en una gestión ineficiente de los recursos y en posibles casos de corrupción. Abogan por la implementación de procesos de contratación más abiertos y participativos, que permitan una mayor fiscalización ciudadana y aseguren que los fondos públicos se utilicen de manera equitativa y responsable.
Hacia una gestión pública más justa y transparente
Es imperativo que las administraciones públicas adopten prácticas que promuevan la transparencia, la participación ciudadana y la justicia social. La adjudicación directa de contratos debe ser una excepción y no la norma, reservada únicamente para situaciones de verdadera emergencia. Solo a través de una gestión pública abierta y responsable se puede garantizar que los recursos del Estado beneficien a toda la ciudadanía, especialmente a los sectores más vulnerables, y se fortalezca la confianza en las instituciones democráticas.
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