Trabajo refuerza la vigilancia porque empresas y trabajadores colaboran en fraudes para burlar las pensiones

¿Fraude pactado? Empresas y trabajadores se unen en despidos simulados para evitar los recortes en las pensiones.

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El Ministerio de Trabajo ha intensificado sus inspecciones ante el creciente número de despidos simulados pactados entre empresas y trabajadores próximos a la jubilación. Este tipo de acuerdo fraudulento permite al trabajador percibir una indemnización exenta de tributación hasta 180.000 euros, y cobrar el desempleo mientras espera alcanzar la edad de jubilación sin sufrir las penalizaciones de la jubilación anticipada. Se trata de una práctica que busca eludir las obligaciones fiscales y los recortes en las pensiones, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema.

Despidos simulados, el nuevo fraude para evitar recortes en pensiones

Este fraude involucra acuerdos entre empresa y trabajador, presentando un despido improcedente cuando en realidad se trata de un pacto. Montse Rodríguez Viñas, socia de BDO Abogados, explica: «Las empresas están optando cada vez más por despidos pactados para los trabajadores sénior. Esto beneficia tanto a las empresas como a los trabajadores». Sin embargo, estas prácticas no son solo éticamente cuestionables, sino que también vulneran la ley fiscal y laboral.

Además, la Agencia Tributaria ha incrementado los controles sobre los despidos improcedentes, sospechando de que esconden acuerdos para eludir tributos. Las indemnizaciones por despido están exentas de IRPF hasta 180.000 euros, pero cuando el cese es pactado, el trabajador debería tributar por esa cantidad. Este vacío legal se está explotando en perjuicio del sistema de pensiones, algo que está generando gran controversia en el sector.

Empresas y trabajadores colaboran en fraudes para burlar las pensiones, Trabajo refuerza la vigilancia — Archivo: El Solidario

Consecuencias legales y económicas para empresas y trabajadores

Las implicaciones legales son graves. Tanto empresas como trabajadores están expuestos a sanciones económicas que pueden llegar hasta los 225.018 euros. Además, la práctica está tipificada en el Código Penal, y las condenas pueden alcanzar los dos años de prisión. «La legislación es clara: simular un despido improcedente para obtener prestaciones indebidas es un delito», señala Rodríguez Viñas.

A pesar de las multas, muchas empresas solventes optan por pagar antes que enfrentarse a procesos penales. Sin embargo, las sanciones no siempre son suficientes para disuadir esta práctica, que sigue en aumento. Mientras tanto, el sistema de pensiones se resiente, y los trabajadores que realmente necesitan prestaciones por desempleo ven cómo los recursos se desvían hacia estos acuerdos fraudulentos.

¿Deberían endurecerse las sanciones para estas prácticas fraudulentas? Comenta tu opinión y comparte este artículo para visibilizar el problema.

Fuente: El Economista