El Ministerio de Consumo, que dirige Pablo Bustinduy, ha exigido a dos plataformas, entre ellas Airbnb, que retiren 8.300 anuncios de pisos publicitados como alquiler de temporada (estancias de menos de 31 días) en incumplimiento del decreto urgente de vivienda aprobado recientemente. Los anuncios han desaparecido para los usuarios en España, pero siguen siendo visibles y reservables desde el extranjero.
La vía elegida es la de la publicidad engañosa: el Ministerio se apoya en el artículo 47 de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. «Desde Consumo vamos a emplear todas las herramientas a nuestra disposición para que se cumpla la ley», afirma el departamento.
Airbnb ha explicado que ha empezado a aplicar las medidas exigidas y que ha informado a los anfitriones afectados, aunque atribuye la situación a la «falta de un marco regulatorio claro» y a las «pugnas entre administraciones».
El problema tiene cifras de fondo. Según estudios del equipo de Bustinduy, solo en la ciudad de Madrid hay más de 15.200 anuncios sin licencia. Tras la entrada en vigor del decreto, Idealista informó de que 26.531 de sus anuncios, un 19 %, habían desaparecido en un mes. En 2025 el Gobierno multó a Airbnb con 64 millones de euros, lo que llevó a retirar más de 65.000 anuncios, y Booking eliminó más de 4.000.
Que un anuncio ilegal se oculte en España pero siga disponible desde el extranjero muestra los límites de una regulación aplicada plataforma a plataforma. Queda por ver si Consumo consigue que el bloqueo no sea solo geográfico.
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