La asociación Almería Diversidad alertó el pasado 28 de septiembre de un repunte de la violencia contra el colectivo LGTBIQ+ en la provincia y reclamó medidas urgentes de protección. Según sus propios datos, en 2025 se formalizaron 28 denuncias por delitos de odio en Almería, siendo la LGTBIfobia el motivo principal.
El comunicado recoge varios episodios recientes que, según la asociación, muestran que la violencia no es un caso aislado: el fallecimiento de un joven de 27 años en Alicante tras una agresión relacionada con su orientación sexual, el ataque sufrido por Bianca Lizbeth Fernández —Miss Trans Zamora— que le provocó una fractura de mandíbula, una agresión contra un joven durante las fiestas de Cartagena, y el ataque a activistas LGTBI+ en Oviedo durante las celebraciones patronales.
El contexto no es exclusivo de Almería. Según un informe citado por la propia asociación, el 54% de las personas LGTBI+ en España ha sufrido algún tipo de agresión o acoso. La cifra desmonta la idea de que estos episodios son hechos puntuales y sin conexión: apunta, más bien, a un clima de hostilidad que se repite de ciudad en ciudad, con nombres y apellidos distintos cada vez.
Frente a ello, Almería Diversidad reclama tres medidas concretas: la reprobación pública de las conductas de cargos políticos que patologizan o difunden desinformación sobre las personas LGTBIQ+, la aplicación correcta del agravante de discriminación en los procedimientos judiciales que correspondan, y la puesta en marcha de protocolos específicos de protección y capacitación para la Policía Local del municipio.
Detrás de cada una de esas peticiones hay un caso concreto, no una abstracción: una mandíbula fracturada, una fiesta patronal interrumpida por el miedo, una vida truncada en Alicante. Exigir protocolos y agravantes no es pedir un privilegio: es pedir que la ley reconozca lo que las cifras ya dicen desde hace tiempo.
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