Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Nacional · Sostenibilidad

El Parque de Atracciones de Madrid tiene amianto en 14 zonas, incluidas dos atracciones en funcionamiento

La Cueva de las Tarántulas es una de las atracciones del recinto donde se ha localizado la presencia de fibrocemento. Ayuntamiento de Madrid.

El Parque de Atracciones de Madrid guarda un secreto tóxico bajo sus instalaciones. La documentación del nuevo concurso público para gestionar el recinto ha revelado que catorce zonas del parque contienen fibrocemento con amianto, un material altamente cancerígeno cuyo uso está prohibido en España desde 2002. Entre los puntos afectados no solo hay estructuras cerradas al público: también dos atracciones en pleno funcionamiento, Los Rápidos y The Walking Dead, además de baños, puestos de mercado y zonas de personal.

La atracción cerrada Cueva de las Tarántulas es una de las catorce localizaciones señaladas, pero el hallazgo más preocupante es que el amianto sigue presente en instalaciones que miles de familias visitan cada año sin saberlo. El Ayuntamiento de Madrid ya exigió en febrero de 2025 la retirada del material, y la Comisión Local de Patrimonio Histórico aprobó en junio de 2026 el plan para hacerlo. El calendario previsto fija el final de las obras para 2027, dentro del margen que marca la Ley 7/2022 de residuos, que obliga a eliminar el amianto de los edificios antes de 2028.

La empresa concesionaria, Parques Reunidos, sostiene que no existe riesgo para la salud ni la seguridad de los visitantes porque el amianto se concentra sobre todo en cubiertas de difícil acceso, alejadas del contacto directo del público. El Ayuntamiento, por su parte, asegura que trabaja para retirarlo a la mayor brevedad posible. Ninguna de las dos partes ha explicado por qué un material prohibido hace más de dos décadas ha permanecido sin retirar tanto tiempo en un espacio de ocio masivo.

El caso ha salido a la luz precisamente por la tramitación del nuevo contrato de explotación del parque, que se extenderá hasta 2035 y exigirá al futuro operador una inversión mínima de 15 millones de euros y una facturación anual de al menos 13 millones. La transparencia que exige un proceso de concesión pública ha terminado destapando lo que la gestión ordinaria del recinto mantuvo oculto durante años: un riesgo ambiental y sanitario que debería haberse resuelto mucho antes de que alguien tuviera que leerlo entre las páginas de un pliego de condiciones.

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