Un audio de dieciocho segundos bastó para desencadenar la violencia. Circulaba el pasado domingo por grupos de vecinos de Ceuta con una acusación falsa: que la organización Negu Gorriak, que llegaba a la ciudad para repartir ayuda humanitaria, era «proetarra» y «peligrosa». El bulo, procedente de una cuenta de Instagram vinculada al grupo ultraderechista Movimiento Cívico del Pueblo, convocó una protesta en el puerto para impedir su llegada. El resultado: un grupo de manifestantes rodeó y destrozó a golpes el coche de la diputada de Ceuta Ya!, Julia Ferreras, al confundirla con las activistas a las que el bulo señalaba.
«Pensé que no saldríamos de allí. Venían a lincharnos», relató Ferreras después del ataque. Dentro del vehículo, junto a un activista y una abogada de derechos humanos, insistieron en que se habían equivocado de personas. Ni siquiera cuando algunos atacantes la reconocieron cesó la agresión: «Cuando me identifico, se escucha que da igual, que la política es igual de mierda», contó la diputada. Al menos una persona ha sido detenida por estos hechos.
El episodio no es aislado. La ONG No Name Kitchen ha sido acusada sin pruebas de repartir spray de pimienta entre migrantes y de fabricar cócteles molotov con material comprado en Mercadona — acusaciones que tanto la cadena de supermercados como el Ministerio del Interior desmintieron, pero que ya le han costado más de 3.000 amenazas de muerte. Cruz Roja, por su parte, es señalada en redes por, supuestamente, priorizar a los migrantes frente a los afectados por los incendios de este año, pese a que sus propios registros muestran que movilizó a 967 personas y alojó a cerca de 5.900 afectados entre junio y septiembre.
«Hay un trabajo previo de la ultraderecha para crear un estado de opinión que criminaliza a cualquiera que defienda los derechos humanos», explica José Miguel Morales, director de Sur Acoge. Advierte de algo más grave que la propia crisis humanitaria: una vez instalada, la división social que deja el discurso de odio no se cura sola. Mientras tanto, los traslados a la península que podrían descongestionar Ceuta siguen bloqueados por la derecha política — y cada bulo que circula sin freno acerca la ciudad un poco más a la próxima agresión.
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