El Tribunal Supremo decidió el pasado 8 de septiembre suspender cautelarmente el derecho a voto de las personas nacionalizadas españolas a través de la ley de nietos, salvo que acrediten ser descendientes de exiliados por el franquismo. La medida, adoptada a petición de Vox e Iustitia Europa, afecta potencialmente a 306.000 personas que han obtenido la nacionalidad española bajo esta norma.
La ley de nietos, en vigor desde 2022, amplía el derecho a la nacionalidad española a los hijos y nietos de quienes, siendo originariamente españoles, la perdieron por el exilio durante la represión franquista, entre 1936 y 1955. Miles de descendientes en América Latina y otros países se han acogido a ella en los últimos años para recuperar una nacionalidad arrebatada a sus familias por motivos políticos.
Con la suspensión cautelar, los nacionalizados ya no podrán votar de forma automática: deberán tramitar en los Registros Consulares una certificación que acredite que sus padres o abuelos sufrieron exilio «por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación e identidad sexual». Un trámite adicional que, en la práctica, puede dejar fuera del censo electoral a buena parte de quienes ya habían completado el proceso de nacionalización.
La Junta Electoral Central asumió la orden del Supremo tras votar, por 7 votos frente a 6, no recurrirla. Desde el Gobierno, el ministro Óscar López calificó la decisión como un «atropello democrático» y una «salvajada», mientras la portavoz socialista Montse Mínguez advirtió del riesgo de crear «españoles de primera y de segunda» dentro de un mismo colectivo reconocido por ley.
Lo que está en juego no es un tecnicismo judicial, sino el reconocimiento efectivo de un derecho histórico: el de quienes España expulsó por perseguidos y a quienes, medio siglo después, se les promete restituir la nacionalidad solo para levantar, ahora, una nueva barrera burocrática frente a las urnas.
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