El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, liderado por Isabel Rodríguez, lanzó el 10 de septiembre Casa 47, la primera plataforma pública que centraliza el acceso a vivienda pública en alquiler. Ofrece casi 800 pisos con rentas de entre 350 y 1.066 euros al mes, según la vivienda y los ingresos de quien solicita. El plazo para presentar solicitudes está abierto hasta el 21 de septiembre.
Las viviendas no se reparten igual por todo el territorio. La Comunidad Valenciana concentra 401 de los pisos disponibles, seguida de Galicia (99), Cataluña (93), Navarra (34) y Asturias (18). Madrid y Andalucía, dos de las comunidades con mayor tensión en el mercado del alquiler, se quedan fuera de esta primera convocatoria.
Para acceder, hay que cumplir varios requisitos: tener nacionalidad española, no ser propietario de otra vivienda y no superar los límites de renta establecidos. La adjudicación final se decide por sorteo ante notario, un mecanismo pensado para evitar el favoritismo en el reparto.
Casa 47 llega en el peor momento del mercado del alquiler privado, con precios que no dejan de subir en las grandes ciudades. Frente a eso, la plataforma es una señal de que la vivienda pública puede volver a ser una alternativa real, no solo un discurso electoral.
Pero el propio diseño del programa deja fuera a una parte de quienes más sufren la crisis habitacional: el requisito de nacionalidad española excluye a buena parte de la población migrante, precisamente uno de los colectivos más golpeados por el alquiler abusivo y la discriminación en el acceso a la vivienda. Ampliar Casa 47 —en cobertura territorial y en criterios de acceso— será la prueba real de si el Gobierno entiende la vivienda como un derecho de todos o solo de quienes ya tienen papeles en regla.
Deja un comentario