La Comisión Europea ha presentado una propuesta que facilitará a las ciudades restringir los alquileres turísticos de corta duración, como los ofertados en plataformas tipo Airbnb, cuando puedan demostrar que están agravando la crisis de la vivienda. El objetivo es ofrecer un marco jurídico común que permita actuar a los ayuntamientos sin chocar con la legislación europea.
Según la iniciativa, las administraciones deberán acreditar durante al menos tres años que existe un impacto negativo sobre el mercado residencial en una zona concreta. Para ello podrán utilizar indicadores como la evolución del precio de la vivienda, la relación entre el coste de compra o alquiler y la renta de los hogares, la escasez de oferta o el aumento de los alquileres turísticos. Las restricciones deberán ser proporcionadas, temporales, no discriminatorias y revisarse periódicamente.
La propuesta llega en un momento de fuerte tensión en ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga o Palma, donde numerosos vecinos denuncian que la expansión de las viviendas turísticas reduce la oferta para residentes y contribuye a disparar los precios. La Comisión estima que Europa necesita construir unas 650.000 viviendas adicionales cada año para responder a la demanda y aliviar la presión sobre el mercado.
El nuevo reglamento aún deberá ser negociado y aprobado por el Parlamento Europeo y los Estados miembros antes de entrar en vigor. Mientras tanto, plataformas como Airbnb sostienen que el problema principal no son los alquileres turísticos, sino la falta de vivienda disponible, mientras que numerosos ayuntamientos consideran que disponer de una cobertura legal europea les permitirá actuar con mayor seguridad para proteger el acceso a una vivienda asequible.
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