Ocho menores extranjeros tutelados necesitan un nuevo lugar donde vivir en Asturias: el centro de Avilés donde residían ha quedado obsoleto y la Fundación Diagrama, que lleva diez años gestionando estos recursos sin incidencias, buscaba reubicarlos en tres pisos del barrio ovetense de La Florida. La opción se descartó. Y ahí es donde entra Vox: sus portavoces en la Junta General, Carolina López, y en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, exigen ahora al Gobierno asturiano que revele públicamente la nueva dirección donde se instalará a estos chavales.
El dato que Vox no menciona en su ofensiva es precisamente el que debería cambiar la conversación: entre el 80% y el 90% de los menores extranjeros que pasan por estos recursos en Asturias acaban con un empleo una vez completan su formación. No son un problema que «gestionar» ni una amenaza que vigilar puerta por puerta: son adolescentes en un sistema de protección que, según los propios datos, funciona.
El presidente asturiano, Adrián Barbón, y la consejera de Salud, Concepción Saavedra, han defendido la confidencialidad de estos traslados como una garantía de seguridad e integración para los menores, no como un secretismo arbitrario. Exigir la dirección exacta donde van a dormir ocho chicos tutelados no es fiscalización democrática: es señalarlos.
Este episodio en Asturias no es un caso aislado, sino la última pieza de una estrategia que la extrema derecha repite en toda España: convertir a la infancia migrante en el enemigo visible de un discurso que necesita un rostro al que culpar. No importa que las cifras desmientan la narrativa del «problema»; lo que importa es mantener la alarma encendida.
Frente a esa lógica, los datos son tercos: la integración de estos menores no es una excepción, es la norma. Y la verdadera pregunta no es dónde van a vivir ocho adolescentes, sino por qué una parte de la política sigue empeñada en que su lugar en la sociedad sea motivo de sospecha en lugar de motivo de futuro.
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