El Gobierno ha vuelto a aplazar el decreto de vivienda hasta septiembre, la segunda vez en menos de un mes que la norma que debía poner tope al precio del alquiler y ampliar las ayudas a los inquilinos se queda sin fecha firme. La falta de apoyos de Junts y Podemos en el Congreso ha bloqueado de nuevo un texto que llevaba meses de negociación, mientras el problema que pretende resolver no espera: se calcula que unas 70.000 familias afrontan en España un proceso de desahucio abierto.
El decreto incluía, entre otras medidas, un tope al incremento del precio del alquiler en zonas tensionadas y una ampliación de las ayudas directas a los hogares más vulnerables. También debía dar continuidad a la prórroga de la suspensión de desahucios y cortes de suministros —luz, gas y agua— a las familias en situación de vulnerabilidad, una protección que el Real Decreto-ley 16/2025 extendió sobre el papel pero que sigue sin traducirse en soluciones estructurales para quienes ya están dentro de un proceso judicial.
Aquí está el matiz que casi nunca se cuenta: una moratoria no es una solución, es una prórroga de la incertidumbre. Miles de familias llevan meses —a veces años— sabiendo que su caso está «protegido» sin saber hasta cuándo, ni qué pasará después. Cada aplazamiento parlamentario, cada negociación de última hora entre partidos, se traduce en noches sin certeza para quienes menos margen tienen para esperar.
Porque el problema de fondo no es solo la falta de acuerdo político: es qué prioridad ocupa la vivienda en la agenda del Estado. Mientras el precio del alquiler sigue disparado y el parque de vivienda pública en España apenas cubre una fracción de la demanda, la solución a la emergencia habitacional se convierte, una vez más, en moneda de cambio entre socios de investidura.
La vivienda es, por mandato constitucional, un derecho. Pero un derecho que depende de que dos socios de gobierno se pongan de acuerdo en septiembre no es un derecho garantizado: es un derecho en lista de espera. Y esa lista, mientras tanto, la siguen pagando las familias que no eligieron estar en ella.
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