El Salvador de Nayib Bukele redujo drásticamente la violencia de las pandillas, pero el precio del régimen de excepción sigue creciendo. La ONG Socorro Jurídico Humanitario (SJH) contabilizaba en junio de 2026 al menos 537 personas muertas bajo custodia estatal desde marzo de 2022. Según la organización, murieron sin haber sido condenadas y el 94% no tenía perfil de pandillero.
Tatuajes, sospechas y años esperando un juicio
Human Rights Watch ha documentado otro problema: policías salvadoreños reconocieron que durante el régimen de excepción se realizaron detenciones apoyadas en pruebas dudosas, denuncias anónimas, apariencia física o tatuajes de cualquier tipo. Un agente explicó que cualquier tatuaje visible podía convertirse, en la práctica, en motivo de arresto.
Eso no significa que la ley establezca que tener un tatuaje convierte automáticamente a alguien en pandillero. Significa algo quizá más preocupante: un indicio tan débil puede introducir a una persona en un sistema donde las garantías se han reducido.
Una reforma aprobada en 2025 permite prolongar hasta cinco años la prisión preventiva de personas procesadas por crimen organizado antes del juicio. Cristosal denuncia que esta fórmula convierte la detención provisional en una “pena anticipada”.
El Gobierno responde con sus resultados de seguridad: en junio aseguraba haber detenido a más de 92.000 integrantes de organizaciones criminales y acumulado más de 1.100 días sin homicidios desde la implantación de su estrategia.
Mientras tanto, crece el patrimonio inmobiliario familiar
La otra fotografía está fuera de las cárceles. Investigaciones basadas en registros públicos señalan que la familia Bukele adquirió 39 propiedades entre 2023 y 2026 y ha invertido unos 12,2 millones de dólares en inmuebles desde que Bukele llegó al poder. Solo Karim y Yusef Bukele compraron recientemente tres propiedades del Centro Histórico por 1,25 millones.
En 2019, Bukele declaró junto a su esposa un patrimonio de 2,5 millones de dólares, con unos 171.000 en inmuebles. Su declaración patrimonial pública correspondiente al final del primer mandato no se conoce. Las compras documentadas no prueban por sí mismas corrupción; sí justifican exigir transparencia sobre el origen del dinero y posibles conflictos de interés.
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