Desalojaron a una abuelita y ardió la casa de la jueza: en Guatemala, el pueblo defiende al pueblo
Vincenzo Gambaretto 
Juana Santiago Chel, una mujer indígena de 72 años, fue desalojada por la Policía Nacional Civil de su vivienda en Nebaj, Quiché, el 30 de julio. La orden había sido emitida 44 días antes por la jueza Ada Madaí López Morales y, según el informe policial citado por la prensa guatemalteca, la diligencia fue solicitada por uno de los hijos de la propia Juana. Horas después, la indignación estalló: grupos de pobladores protestaron, hubo disturbios y la vivienda de la jueza fue incendiada.
Conviene decirlo claro: quemar una casa no es justicia. No hay defensa posible para un ataque así. El Ministerio Público debe investigarlo y quienes lo hayan cometido deben responder. Pero quedarse solo con el incendio sería ocultar la mitad del problema.
Lo que incendió antes a Nebaj fue la imagen de una mujer mayor siendo retirada por la fuerza de su casa. El desalojo, grabado en vídeo, generó una ola de rechazo en todo el país. La PNC abrió una investigación interna sobre la actuación de sus agentes y, más recientemente, la Procuraduría de los Derechos Humanos declaró violadores de derechos humanos a dos oficiales implicados en el procedimiento.
Ahí la ley se rompe aunque el papel diga que todo estaba firmado. Porque una resolución judicial puede ser legal y al mismo tiempo exhibir un fracaso social, institucional y ético cuando se ejecuta sin cuidados, mediación ni sentido humano.
No se trata de negar los conflictos de propiedad.
Se trata de recordar que el Estado también elige cómo llega a una casa pobre, a una mujer anciana, a una comunidad indígena. Puede llegar con sensibilidad, diálogo y garantías. O puede llegar con policía y convertir el cumplimiento formal de una orden en una humillación pública.
Entonces ya no sorprende que la rabia estalle, aunque nunca deba justificar la violencia posterior.
Lo ocurrido en Nebaj deja una enseñanza brutal: una justicia que no sabe cuidar a los vulnerables termina produciendo más heridas de las que dice cerrar.
Y cuando eso pasa, la ley deja de parecer un amparo.
Empieza a parecer un castigo.
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