De la Espriella abre Colombia a operaciones militares de EE.UU.: cuando la seguridad pone la soberanía sobre la mesa
Vincenzo Gambaretto 
Imagen generada con IA.
La noticia no la anunció primero Bogotá.
La anunció Washington.
El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth —a quien la Administración Trump presenta también como “secretario de Guerra”— aseguró este 12 de agosto que el recién estrenado Gobierno de Abelardo de la Espriella había solicitado colaboración estadounidense y autorizado operaciones militares conjuntas en Colombia contra organizaciones calificadas como “narcoterroristas”.
Reuters recoge además que Hegseth habló abiertamente de posibles ataques conjuntos contra grupos armados como el ELN y disidencias de las FARC consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos. El nuevo ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, participó en el encuentro de Panamá y defendió una ofensiva hemisférica contra los cárteles.
Así Washington vuelve a entrar en una discusión histórica colombiana: hasta dónde debe llegar la cooperación militar con Estados Unidos.
De la Espriella había prometido durante la campaña incorporarse al llamado Escudo de las Américas impulsado por Trump. Su Gobierno recibirá además una cooperación estadounidense en seguridad que Washington quiere llevar más allá del antiguo Plan Colombia.
Pero la soberanía exige preguntas.
La oposición colombiana ya recuerda que la Constitución atribuye al Senado la autorización del tránsito de tropas extranjeras. Y, en el momento del anuncio estadounidense, el Gobierno colombiano todavía no había explicado públicamente el alcance jurídico y operativo de aquello que Hegseth presentó como autorizado.
Combatir narcotráfico y grupos armados es una responsabilidad legítima del Estado.
Pero seguridad no significa cheque en blanco.
Colombia conoce demasiado bien las consecuencias humanas de décadas de guerra interna como para convertir una colaboración militar extranjera en un simple titular de firmeza presidencial.
Si soldados estadounidenses van a participar en operaciones dentro del territorio colombiano, la ciudadanía tiene derecho a saber quién manda, bajo qué legislación, con qué límites y quién responderá cuando algo salga mal.
Porque la soberanía también protege.
No solamente fronteras.
También el derecho de un país a decidir quién puede utilizar la fuerza dentro de ellas.
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