Brasil ha convertido la lucha contra el racismo en una cuestión penal y social cada vez más contundente. Más de 300 personas están actualmente encarceladas por delitos relacionados con el racismo, en un país que endureció su legislación hace tres años y que se encuentra entre los más avanzados de América en la persecución de estas conductas.
El cambio legal más importante llegó en 2023, cuando Brasil equiparó la llamada injuria racial al delito de racismo. Insultar a una persona por motivos relacionados con su raza, color, etnia u origen nacional puede acarrear entre dos y cinco años de prisión, además de otras consecuencias judiciales. La nueva regulación establece también que estos delitos no prescriben y no permiten fianza.
La aplicación de estas normas coincide con un aumento de las denuncias. En 2025 se registraron más de 7.000, un 67% más que el año anterior. Las autoridades atribuyen parte de este incremento a una mayor conciencia social, una policía mejor preparada y una menor tolerancia hacia comportamientos que durante décadas permanecieron silenciados.
Brasil sigue teniendo un problema estructural: más del 55% de su población es negra o mestiza, y las desigualdades raciales continúan presentes en los ingresos, la educación y el acceso a la justicia. Sin embargo, el país está enviando un mensaje cada vez más claro: el racismo no es una opinión, sino un delito que puede tener consecuencias penales.