Trump quiere acabar con un turismo de nacimientos que, según sus propios datos oficiales, apenas existe
Rocío Benítez 
Fuente CNN
El presidente Donald Trump firmó el jueves dos nuevas órdenes ejecutivas para limitar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, después de que el Tribunal Supremo rechazara en junio su primer intento de eliminarla. Una de las órdenes excluye del derecho automático a la nacionalidad a los hijos de personas vinculadas a organizaciones terroristas, empleados de gobiernos extranjeros o quienes hayan obtenido la ciudadanía mediante fraude. La segunda apunta directamente al llamado turismo de nacimiento, una práctica que el propio mandatario asegura que afecta a cientos de miles de bebés al año, aunque no ha aportado ninguna prueba que lo respalde.
Los datos oficiales cuentan una historia muy distinta. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, poco más de 9.500 bebés nacieron en 2024 de madres con domicilio extranjero registrado, apenas un 0,25% de los 3,7 millones de nacimientos totales en el país ese año. Incluso las estimaciones más generosas, las del Migration Policy Institute, sitúan la cifra real entre 20.000 y 26.000 nacimientos anuales por turismo de nacimiento: entre un 0,5% y un 0,7% del total. Muy lejos de los cientos de miles que Trump asegura sin citar fuente alguna.
La ciudadanía por nacimiento, recogida en la Enmienda 14 de la Constitución, nació precisamente para proteger a las personas esclavizadas nacidas en suelo estadounidense tras la Guerra Civil. Convertirla ahora en el chivo expiatorio de una supuesta invasión de turistas del parto ignora tanto su origen histórico como su función actual: garantizar que nadie nazca en el limbo legal. Cuando el caso llegó al Supremo, el propio presidente de la Corte, John Roberts, rechazó el argumento del Gobierno de que la ciudadanía automática generaba una generación de ciudadanos sin vínculos con el país: Es un mundo nuevo, es la misma Constitución, zanjó.
Más de treinta países, entre ellos Argentina, Brasil o México, reconocen la ciudadanía automática por nacimiento sin cuestionarla. Estados Unidos y Canadá son las únicas economías avanzadas que aún la mantienen casi sin restricciones, mientras Reino Unido o Australia ya exigen que al menos uno de los progenitores sea ciudadano o residente permanente. Perseguir un fenómeno estadísticamente marginal para justificar el recorte de un derecho constitucional no es una política migratoria: es una forma de decidir, según el origen de los padres, qué niños merecen nacer con plenos derechos y cuáles no.
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