Fuente EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta semana que el Ejecutivo presentará los Presupuestos Generales del Estado en otoño de 2026, después de más de dos años sin contar con unas cuentas propias aprobadas. Si el anuncio se cumple, sería el acontecimiento político más relevante de lo que queda de legislatura.
Gobernar sin presupuestos propios no es solo una limitación contable. Es una limitación política estructural: el Gobierno no puede expandir partidas sociales, no puede invertir en nuevas políticas públicas y queda expuesto a la acusación permanente de parálisis. Los servicios sociales, la dependencia, la vivienda pública y la transición ecológica son las áreas que más necesitan de nuevas partidas presupuestarias.
El desbloqueo depende, una vez más, de la aritmética parlamentaria. Junts, el partido de Carles Puigdemont, es la pieza clave. Sin su abstención o apoyo, los presupuestos no pasan. Y Junts lleva meses alternando entre la presión y el acuerdo según el estado de la negociación con el Gobierno sobre la aplicación de la ley de amnistía y otras cuestiones.
Lo que no ha cambiado es el programa social del Ejecutivo. La prestación universal por crianza, la expansión del sistema de dependencia, el aumento del salario mínimo y la regulación del alquiler siguen siendo los ejes de un Gobierno que, con presupuestos o sin ellos, ha mantenido una agenda redistributiva más activa que cualquier ejecutivo español en décadas.
Los presupuestos son el documento más honesto de un gobierno: dicen exactamente en qué gasta el dinero y, por tanto, qué prioriza de verdad. Que lleguen en otoño determinará el legado de esta legislatura.