El PP paraliza en el Senado el Tratado de Amistad con Francia y lo lleva al Constitucional
Rocío Benítez 
Fuente EFE
El Senado, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, ha paralizado la tramitación del tratado de amistad con Francia que permite el «intercambio» periódico de miembros de los Gobiernos en el Consejo de Ministros de cada país, enviando el texto al Tribunal Constitucional para que resuelva sobre su compatibilidad con la Carta Magna.
El punto de fricción es el artículo 2.4 del acuerdo, firmado por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en enero de 2023, que establece que un miembro del Gobierno de cada país sería «invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación». Para el PP y Vox, esta disposición vulnera el carácter secreto de las deliberaciones del Ejecutivo y contradice el artículo 95 de la Constitución.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, acusó a los populares de «cruzar una peligrosísima línea roja» y de intentar «dinamitar» las relaciones de buena vecindad con Francia, comparando la maniobra con estrategias similares llevadas a cabo, según él, con Marruecos, Argelia y México. Albares defendió que una cláusula interpretativa aprobada en abril aclara que la reunión con ministros franceses se celebraría en un encuentro separado.
El senador popular Miguel Ángel Jerez rechazó esa interpretación y acusó al Gobierno de pedir a la Cámara Alta «un acto de fe» para votar a favor de un tratado cuya redacción, a su juicio, dice otra cosa. Desde el PSOE, la senadora Concepción Andreu respondió acusando al PP de organizar un «boicot» sistemático contra los acuerdos internacionales impulsados por el Ejecutivo de Sánchez.
Finalmente, el Senado aprobó con 146 votos a favor (PP y Vox), 112 en contra y dos abstenciones el requerimiento que traslada la decisión al Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, que deberá determinar si las visitas periódicas de ministros franceses al Consejo de Ministros español vulneran la Constitución.
El trámite culmina un largo recorrido parlamentario que se remonta a enero de 2025, marcado por sucesivas votaciones, el rechazo inicial del Congreso en mayo y la aprobación final del tratado el pasado 17 de junio gracias a los votos de Junts y Podemos, en un proceso que refleja la creciente tensión entre el Gobierno y la oposición en materia de política exterior.
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