
Archivo/ELSOLIDARIO.Los sindicatos y grupos sociales protestan y el presidente argentino Javier Milei .
El nuevo Plan Nacional de Inteligencia 2025, recientemente aprobado por el gobierno argentino, ha generado controversia tras incluir entre sus objetivos la vigilancia sobre quienes “manipulen la opinión pública” o generen “pérdida de confianza” en las políticas oficiales. Aunque el documento, publicado por la Secretaría de Inteligencia, no menciona actores específicos, expertos alertan que podría afectar a periodistas, académicos o activistas.
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Según fuentes oficiales, el plan busca prevenir amenazas internas y externas que afecten la estabilidad democrática, especialmente en contextos de desinformación digital y procesos electorales. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación por la ambigüedad de los términos y la posibilidad de uso político de los mecanismos de vigilancia.
Además, se habilita el uso de inteligencia artificial para detectar la “distorsión de la percepción”, una medida que, sin regulación clara, podría vulnerar derechos fundamentales. El presupuesto asignado supera los 80.000 millones de pesos (58.498,66€), incluyendo más de 13.000 millones en gastos reservados.
En un contexto regional donde las democracias enfrentan desafíos crecientes, es urgente que las políticas de seguridad integren una perspectiva de género, derechos humanos y participación ciudadana. Garantizar espacios seguros y pluralidad informativa es clave para evitar el silenciamiento de voces críticas y proteger las libertades civiles.
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