Golpe fiscal a las organizaciones sociales
La ley, impulsada por diputados del partido Nuevas Ideas —alineado con el presidente Nayib Bukele—, fue aprobada el 20 de mayo en una sesión marcada por la ausencia de debate público. La norma grava las donaciones provenientes del extranjero que reciben las ONG, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, muchas de las cuales trabajan en áreas como educación, salud, derechos humanos y desarrollo comunitario.
El oficialismo justifica la medida como un acto de “orden fiscal” y una forma de garantizar la transparencia en el uso de fondos extranjeros. Sin embargo, críticos argumentan que es una estrategia para reducir la independencia de la sociedad civil y castigar a organizaciones críticas con el Gobierno.
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Una amenaza a la libertad de asociación
Numerosas organizaciones nacionales e internacionales han expresado su preocupación, advirtiendo que el impuesto puede forzar el cierre de proyectos vitales en comunidades vulnerables y limitar el ejercicio del derecho a la libre asociación y expresión.
Además, esta medida se suma a una serie de acciones recientes del Gobierno de Bukele que han sido señaladas como señales de deriva autoritaria tales como: control de la justicia, militarización de la seguridad y restricciones al periodismo independiente.
El Salvador enfrenta una disyuntiva. Si el objetivo es combatir el mal uso de fondos, se necesita más fiscalización, no más castigo. Pero si el fin es silenciar a las ONG, esta ley marca otro peligroso retroceso democrático en el país.
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