Arturo.R 
Archivo/ELSOLIDARIO. Desde hace años, el gobierno de Orbán ha endurecido su retórica y sus políticas contra la comunidad LGTBIQ+ en Hungría.
A pesar de los avances legales y sociales, ser mujer y formar parte del colectivo LGTBI en España sigue siendo motivo de violencia y discriminación. Un reciente estudio ha revelado que más del 80% de las lesbianas y mujeres bisexuales ha sufrido algún tipo de violencia física, psicológica o simbólica debido a su orientación sexual.
Estos datos, tan crudos como invisibles, demuestran que la homofobia sigue incrustada en nuestra estructura social. Las agresiones no solo vienen de la calle; muchas veces proceden del entorno más cercano: familias, instituciones, servicios públicos e incluso centros educativos. La doble discriminación por género y orientación sexual se convierte en una trampa silenciosa que aísla, revictimiza y expulsa a estas mujeres de espacios seguros.
El miedo a mostrar afecto en público, la presión para ocultar su identidad en el trabajo, o la infantilización en entornos sanitarios, son ejemplos cotidianos de esta violencia estructural. Y mientras tanto, los discursos de odio crecen amparados por fuerzas políticas reaccionarias que niegan la existencia misma de las desigualdades.
La lucha por la igualdad no ha terminado. No basta con celebrar el Orgullo una vez al año. Es urgente reforzar las políticas de prevención, educación y reparación desde una perspectiva feminista e interseccional. Defender los derechos de las mujeres LGTBI no es una moda, es una cuestión de justicia social.
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