Arturo.R 
DiarioDeMallorca/ElSolidario: El complejo, deteriorado por el paso del tiempo, es ahora un refugio precario donde se mezclan historias de personas migrantes, trabajadores precarizados y residentes sin recursos
En las prisiones del Estado español, la atención a la salud mental brilla por su ausencia. Lo que debería ser un espacio de rehabilitación y cuidado, se ha convertido en una trampa para quienes sufren trastornos mentales. Según diversos informes, alrededor del 40% de la población reclusa presenta algún tipo de problema psicológico o psiquiátrico, pero la respuesta institucional es negligente, cuando no directamente inhumana.
La falta de personal médico especializado es alarmante. En muchas cárceles ni siquiera hay psiquiatras, lo que convierte los tratamientos en una ruleta de medicación sin seguimiento, y los aislamientos en castigos encubiertos. El sistema penitenciario responde al dolor con encierro, y al sufrimiento con silencio, ignorando por completo la dimensión humana del problema.
Internos diagnosticados con depresión o psicosis son aislados durante semanas, sobremedicados o atendidos por personal no cualificado. La ausencia de una política pública firme en salud mental penitenciaria convierte a las prisiones en almacenes de miseria donde las enfermedades se cronifican. Y mientras tanto, fuera de los muros, el debate político sigue ignorando esta realidad.
El artículo 43 de la Constitución garantiza el derecho a la salud. También lo hacen múltiples tratados internacionales firmados por el Estado. Pero los derechos humanos no pueden quedarse en el papel. Privar de libertad no debería significar privar de cuidados. Quien entra con un trastorno mental a prisión, debería salir con herramientas, no más heridas.
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