Los sindicatos redoblan la presión al Gobierno para exigir la subida salarial pendiente a los empleados públicos

Los trabajadores y trabajadoras del sector público llevan demasiado tiempo esperando lo que se les prometió. La subida salarial pactada en 2022 sigue sin materializarse y los sindicatos han dicho basta. Con los precios disparados y el coste de la vida subiendo, mantener congelados los sueldos de quienes sostienen los servicios públicos es una forma más de precarización institucional.

Esta no es una reivindicación nueva ni desmesurada. Es el cumplimiento de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los representantes de miles de empleadas públicas: personal sanitario, educativo, administrativo… personas que durante la pandemia fueron esenciales y hoy, paradójicamente, son olvidadas. Mientras, se siguen aprobando exenciones fiscales para grandes fortunas y beneficios récord para las eléctricas.

En este contexto, UGT y CCOO han intensificado su presión al Gobierno, recordando que ya no hay excusas para seguir retrasando lo acordado. Lo público no puede seguir esperando. Y no es solo una cuestión económica: es una cuestión de dignidad. Porque si quienes garantizan derechos no tienen garantizados los suyos, ¿qué tipo de modelo social estamos defendiendo?

Es urgente una política valiente, que no utilice la moderación presupuestaria como coartada para seguir asfixiando al sector público. La clase trabajadora, que mantiene en pie hospitales, colegios, servicios sociales y justicia, merece algo más que palmaditas en la espalda. Y si no hay justicia para quienes cuidan de todos, la brecha entre instituciones y ciudadanía seguirá creciendo peligrosamente.

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