Fausto 
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz/Europrees.
El acuerdo entre Trabajo y Hacienda para que quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no tributen IRPF en 2025 es, sin duda, una medida positiva. Se trata de una corrección de una injusticia fiscal que obligaba a los trabajadores con ingresos más bajos a contribuir de la misma forma que quienes tienen salarios significativamente superiores. Sin embargo, este avance es limitado y plantea interrogantes sobre la equidad del sistema tributario español.
La medida consiste en una deducción en la cuota del IRPF, permitiendo que quienes cobren el SMI o menos queden exentos de este impuesto. En términos de justicia social, es un avance lógico: ¿cómo justificar que personas que apenas llegan a fin de mes tengan que destinar una parte de su escaso salario a las arcas del Estado? Sin embargo, hay que preguntarse si esta política es suficiente para aliviar la situación de los trabajadores precarios.
En un país donde la inflación sigue golpeando con fuerza, los precios de la vivienda se disparan y la precariedad laboral sigue siendo la norma, este alivio fiscal no soluciona los problemas estructurales que afectan a quienes cobran el salario mínimo. No pagar IRPF es un respiro, sí, pero no cambia el hecho de que el SMI sigue siendo insuficiente para afrontar los costes de vida en muchas ciudades.
Por otro lado, es fundamental preguntarse cómo se compensará esta reducción de ingresos fiscales. ¿Se cubrirá con un aumento en la fiscalidad de las grandes fortunas y las empresas con beneficios millonarios? ¿O acabará traduciéndose en recortes encubiertos en servicios públicos? El Gobierno debe garantizar que esta medida no se traduzca en una merma de los recursos destinados a sanidad, educación y políticas sociales.
El acuerdo es un paso en la dirección correcta, pero debe ir acompañado de una reforma fiscal más ambiciosa. La verdadera justicia fiscal no solo exime a los más pobres de pagar impuestos, sino que exige que quienes más tienen contribuyan proporcionalmente al bienestar colectivo. Sin eso, cualquier avance será solo un parche temporal en un sistema profundamente desigual.
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