En un ataque a la independencia judicial, vandalizan el vehículo de la jueza del caso Barbate
Delismar González Tortolero 
Archivo: el solidario dando voz a los que no la tienen
La jueza María Eulalia Chanfreut, primera instructora del caso Barbate, ha sido víctima de un ataque vandálico en su domicilio: su vehículo apareció con las cuatro ruedas pinchadas y rociado con pintura. Este acto de intimidación se produce en el contexto de la investigación del asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024.
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El pasado 8 de marzo, la magistrada descubrió que su coche, estacionado frente a su residencia, había sido objeto de graves daños: las cuatro ruedas estaban desinfladas, la carrocería presentaba manchas de pintura y el emblema trasero del fabricante había sido arrancado. Ante esta situación, Chanfreut presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Barbate, aportando fotografías que evidencian los desperfectos sufridos.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha expresado su profunda preocupación por este incidente, subrayando la necesidad de garantizar la seguridad de los jueces que enfrentan casos de alta complejidad y relevancia social.
Sergio Oliva Parrilla, portavoz de la AJFV, ha enfatizado que estos actos generan una inquietud significativa en la judicatura y ha instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia a proporcionar las medidas de protección adecuadas para los magistrados.
Este ataque se enmarca en un contexto de creciente presión sobre el sistema judicial, especialmente en casos relacionados con el narcotráfico en el sur de España. El caso Barbate, que investiga la muerte de dos agentes de la Guardia Civil embestidos por una narcolancha en febrero de 2024, ha puesto de manifiesto los desafíos y riesgos que enfrentan los operadores de justicia en la lucha contra el crimen organizado.
Es esencial que la sociedad y las instituciones respaldan firmemente la independencia judicial y condenen cualquier intento de coacción o intimidación hacia los magistrados. La protección de quienes velan por la justicia es fundamental para mantener el estado de derecho y garantizar que casos de gran relevancia, como el de Barbate, se resuelvan con imparcialidad y rigor.
En este sentido, la implementación de medidas de seguridad adecuadas y el apoyo institucional son imperativos para que los jueces puedan desempeñar sus funciones sin temor a represalias. Solo así se podrá asegurar una justicia efectiva y equitativa, capaz de enfrentar los desafíos que plantea el crimen organizado y proteger los derechos de todos los ciudadanos.
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