Luego de cinco años de impunidad, la verdad sobre los protocolos de la vergüenza comienza a conocerse
Fausto 
Ilustración: El Solidario. Durante los primeros meses de la pandemia, más de 7.000 ancianos murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria.
A punto de cumplirse cinco años de la tragedia que sacudió las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, una luz de esperanza se abre camino en los tribunales.
Un avance judicial podría destapar la verdad sobre quiénes decidieron aplicar los llamados protocolos de la vergüenza, aquellos que impidieron la derivación de ancianos enfermos de COVID-19 a los hospitales en plena pandemia. Con la prescripción de los posibles delitos a la vuelta de la esquina, la lucha por la justicia se vuelve más urgente que nunca.
Los documentos revelados a lo largo de estos años demuestran que miles de residentes murieron abandonados, sin acceso a atención médica adecuada y bajo la desidia de un gobierno autonómico que priorizó la economía sobre la vida.
Ayuso intenta evadir la justicia
La Administración de Isabel Díaz Ayuso ha intentado, desde entonces, evadir su responsabilidad, argumentando que no existió un protocolo oficial de exclusión, a pesar de que las pruebas documentales indican lo contrario.
El avance judicial que ahora reabre la investigación es una victoria parcial para las familias de las víctimas, que han soportado un lustro de indiferencia institucional. Sin embargo, el reloj corre en contra.
Si los responsables políticos logran dilatar el proceso, la causa podría quedar archivada sin consecuencias para quienes tomaron las decisiones que condenaron a muerte a miles de mayores.
Este episodio no solo representa uno de los más oscuros de la pandemia en España, sino también un ejemplo brutal de la impunidad con la que opera el poder.
Mientras que en otros países se han abierto procesos judiciales serios contra gobernantes por su gestión de la crisis sanitaria, en Madrid la estrategia ha sido la opacidad y el olvido.
La justicia tiene una oportunidad histórica para sentar un precedente y demostrar que las vidas de los más vulnerables no pueden ser moneda de cambio en la agenda política. Las familias no merecen solo respuestas: merecen justicia.
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