FEREDE alerta de deficiencias en los protocolos educativos sobre identidad de género
Moreno Sanlés Alberto 
ElSolidario: varias de estas normativas vulneran el ejercicio de la patria potestad y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación moral y religiosa que ellos consideren conveniente
Un reciente informe, realizado por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), señala que, en la mayoría de las comunidades autónomas, la aplicación de los protocolos educativos relacionados con la identidad de género presenta serias deficiencias.
Según el análisis realizado, varias de estas normativas vulneran el ejercicio de la patria potestad y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación moral y religiosa que ellos consideren conveniente, principios reconocidos por el artículo 27 de la Constitución.
La necesidad de análisis previos
Advierten que estos errores dan lugar a decisiones precipitadas e irreversibles con consecuencias en la salud de los menores. La falta de evaluación psicológica y médica adecuada, junto con la ausencia del consentimiento de los padres, ha sido señalada como un riesgo significativo.
Señalan que instituciones como la Academia Europea de Pediatras y el Consejo General de Médicos alertan sobre los efectos adversos de bloqueadores de pubertad y otros tratamientos hormonales en menores sin un análisis exhaustivo previo.
En algunas comunidades autónomas, como Galicia, se exige un informe médico antes de proceder con la transición social de un menor en el entorno educativo. Sin embargo, en la mayoría de los territorios analizados, no se requiere intervención profesional. Critican también que la comunidad educativa tenga potestad para identificar indicios de disconformidad de género sin formación específica.
FEREDE solicita la revisión de estos protocolos, concretamente, la inclusión de valoraciones médicas antes de cualquier acción y la garantía de que los padres sean consultados y tengan un papel activo en ese tipo de decisiones. Por otra parte, exigen que las normativas de prevención del acoso escolar incluyan todas las formas de discriminación, incluyendo la religiosa.
El debate sobre estos protocolos sigue abierto, con voces a favor y en contra que buscan equilibrar el respeto a la identidad de género con la protección de los derechos de los menores y sus familias.
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