Fausto 
EuropaPress/El Solidario. Juez Juan Carlos Peinado.
El Partido Popular (PP) vio obligado a investigar las irregularidades urbanísticas que rodean el chalet «ilegal» del juez Joaquín Gadea Peinado, tras revelarse que la vivienda fue construida sin licencia de obra. El escándalo salió a la luz luego de que el exalcalde de una localidad abulense, bajo gobierno del PP, confirmara que las obras fueron paralizadas al detectarse la falta de permisos.
La contradicción es evidente. Un juez que persigue la legalidad desde su estrado, pero que, en su esfera privada, incumple las normativas urbanísticas. ¿Cómo puede un magistrado, encargado de impartir justicia y exigir el cumplimiento de la ley, beneficiarse de la permisividad administrativa?
El doble rasero entre lo que se exige a la ciudadanía y lo que se permite a figuras de poder no solo erosiona la confianza pública, sino que alimenta la sensación de impunidad privilegiada.
El PP, que tanto insiste en la transparencia y la legalidad cuando se trata de sus adversarios políticos, ahora enfrenta el reto de demostrar si su compromiso es real o solo un arma selectiva. La apertura de la investigación interna es un primer paso, pero insuficiente si no se traduce en acciones contundentes.
Este caso no es solo una cuestión de urbanismo; es un recordatorio de cómo el poder, cuando no es fiscalizado con imparcialidad, puede convertirse en un escudo de impunidad. Si la ley es igual para todos, como tanto pregonan desde las tribunas conservadoras, el juez Peinado debería rendir cuentas como cualquier ciudadano. De lo contrario, la justicia seguirá viéndose como un privilegio reservado para quienes ocupan las esferas del poder.
Síguenos en nuestras redes sociales @elsolidariorg / X: @X_ElSolidario y en nuestro canal de Whatsapp El Solidario; Instragam: @elsolidariorg TikTok: @elsolidarionews; Facebook: @ElSolidario
About The Author
