Golpe judicial al activismo: demanda millonaria pone en jaque a Greenpeace y la lucha climática
Fatima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO. Greenpeace Internacional demanda a Energy Transfer por intentar silenciar su activismo.
Una demanda millonaria en Estados Unidos amenaza con asestar un golpe mortal a Greenpeace y a las protestas climáticas. La empresa de oleoductos Energy Transfer ha interpuesto una demanda de 300 millones de dólares contra Greenpeace, acusándola de difamación y de incitar actividades delictivas durante las protestas contra el oleoducto Dakota Access en 2016 y 2017. Este litigio, que se desarrollará en Dakota del Norte, podría poner en riesgo la continuidad de Greenpeace USA y sentar un precedente peligroso para el activismo ambiental.
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Acusaciones de difamación y vandalismo
Energy Transfer alega que Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas difundieron información falsa y promovieron actos de vandalismo para retrasar la construcción del oleoducto. Durante las manifestaciones, organizadas por tribus indígenas y respaldadas a nivel mundial, cientos de personas fueron arrestadas. La tribu Standing Rock Sioux sostiene que el oleoducto amenaza su suministro de agua, lo que motivó una amplia movilización en defensa de sus derechos y del medio ambiente.
Durante el juicio contra Greenpeace, Energy Transfer ha presentado argumentos que refuerzan la creciente criminalización del activismo ambiental a nivel mundial. Inicialmente, la empresa acusó a los ecologistas de violar leyes federales contra organizaciones criminales. Además, en los documentos entregados al tribunal, Energy Transfer calificó a los manifestantes de “ecoterroristas”, los acusó de promover una “agenda extremista” y de difundir “falsedades” al advertir que el oleoducto, diseñado para transportar combustibles fósiles, contribuiría al agravamiento del cambio climático.
Silenciar a los activistas
Expertos y defensores de los derechos civiles critican esta demanda, calificándola como una «demanda estratégica contra la participación pública» (SLAPP, por sus siglas en inglés). Estas demandas buscan intimidar y silenciar a críticos y activistas mediante procesos legales costosos y prolongados.
El objetivo principal no es necesariamente ganar el caso, sino disuadir la oposición y desalentar futuras protestas. La preocupación radica en que este tipo de acciones legales puedan coartar la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, pilares fundamentales en una sociedad democrática.
¿Cómo se llegó al juicio contra Greenpeace?
El juicio, que comenzó este lunes y se extenderá durante cuatro semanas, tiene su origen en las protestas de 2016 lideradas por la tribu sioux contra el oleoducto Dakota Access (DAPL). Greenpeace respaldó estas manifestaciones, argumentando que el proyecto amenazaba el agua, incrementaba el uso de combustibles fósiles y violaba territorios indígenas.
Las protestas se prolongaron durante ocho meses y culminaron con el desalojo policial en 2017. Posteriormente, Energy Transfer demandó a Greenpeace por supuesta organización criminal, acusándola de recaudar fondos con información falsa y coordinar ecoterroristas. Sin embargo, en 2019 un juez federal desestimó el caso, señalando que apoyar opiniones afines no constituye un delito.
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