Municipios catalanes reclaman el control de la energía para una transición justa y sostenible
Fatima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO.Panorámica de un parque eólico.
En un movimiento hacia la soberanía energética, varios grandes municipios catalanes han solicitado al Gobierno central la transferencia de competencias para gestionar directamente la distribución eléctrica, siguiendo el ejemplo de países como Francia, Dinamarca y los Países Bajos. Esta iniciativa busca democratizar el acceso a la energía y promover un modelo más sostenible y eficiente.
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La distribución eléctrica en España: un modelo centralizado
Actualmente, en España, la distribución eléctrica está en manos de grandes corporaciones privadas, lo que limita la capacidad de los municipios para influir en la gestión energética local. Sin embargo, en otros países europeos, las administraciones locales tienen un papel activo en la distribución de energía. Por ejemplo, en Francia, las autoridades locales gestionan redes de distribución a través de empresas públicas, lo que les permite adaptar el suministro a las necesidades específicas de sus comunidades y fomentar el uso de energías renovables.
Dinamarca y los Países Bajos: modelos de descentralización energética
En Dinamarca, la descentralización energética ha sido clave para su transición hacia un modelo sostenible. Las cooperativas y los municipios gestionan gran parte de la producción y distribución de energía, facilitando la integración de fuentes renovables y la participación ciudadana en la toma de decisiones energéticas. Este enfoque ha convertido a Dinamarca en un referente en energía eólica y en eficiencia energética.
Los Países Bajos también ofrecen ejemplos de municipalización exitosa en el sector energético. Ciudades como Ámsterdam han establecido empresas municipales que gestionan la distribución eléctrica, permitiendo una mayor inversión en infraestructuras sostenibles y una mejor respuesta a las demandas locales. Esta gestión local ha facilitado proyectos innovadores, como redes inteligentes y sistemas de almacenamiento de energía, que contribuyen a la resiliencia y sostenibilidad del suministro eléctrico.
El caso de Barcelona
La propuesta de los municipios catalanes se alinea con iniciativas previas en España que buscan recuperar el control público sobre la energía. Un ejemplo destacado es Barcelona, que en 2018 puso en marcha «Barcelona Energía», una comercializadora eléctrica municipal destinada a suministrar energía 100% renovable a instalaciones municipales y a ciudadanos. Este proyecto ha permitido al Ayuntamiento de Barcelona ganar soberanía energética y ofrecer tarifas más competitivas a sus habitantes.
La municipalización de la distribución eléctrica podría traer múltiples beneficios, como una mayor transparencia en la gestión, tarifas más justas y una aceleración en la adopción de energías renovables. Además, permitiría a los municipios implementar políticas energéticas adaptadas a las particularidades locales, fomentando la participación ciudadana y la creación de empleo verde.
No obstante, esta transición enfrenta desafíos significativos. La legislación actual en España centraliza la competencia de la distribución eléctrica, y las grandes empresas del sector podrían oponerse a cambios que afecten su posición dominante. Por ello, los municipios catalanes instan al Gobierno central a revisar el marco regulatorio y facilitar la transferencia de competencias, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales que abogan por una mayor descentralización y democratización de la energía.
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