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Archivo/ELSOLIDARIO.Viviendas en construcción.
España está experimentando un auge en la construcción de viviendas, alcanzando cifras que no se veían desde la burbuja inmobiliaria de 2008. Sin embargo, este incremento en la oferta no garantiza una reducción en los precios de venta o alquiler, lo que plantea interrogantes sobre la accesibilidad a la vivienda para amplios sectores de la población.
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Crisis residencial y déficit de vivienda
La crisis residencial apunta a la necesidad de construir más viviendas, pese al stock sin vender y el auge del alquiler turístico. En 15 años, los hogares crecieron el doble que las viviendas, generando un déficit de 600.000 casas entre 2022 y 2025, según el Banco de España.
En noviembre de 2024, se concedieron 126.761 visados de obra nueva, superando los 111.548 hogares creados ese año. Sin embargo, solo 96.000 viviendas obtuvieron certificación de fin de obra. Este número de visados es el más alto en 15 años, superando los de 2009 tras la burbuja inmobiliaria.
Disminución de visados y su impacto en el acceso a la vivienda
En 2021 y 2022, se visaron aproximadamente 108.000 proyectos anuales, pero en 2023 y 2024 los visados cayeron a 86.000 y 95.986, respectivamente. A pesar de la construcción, la cuestión de los precios sigue siendo un desafío. En la burbuja inmobiliaria, cuando se construían entre 400.000 y 600.000 viviendas anuales, los precios seguían aumentando, lo que plantea dudas sobre si la actual construcción ayudará a facilitar el acceso a la vivienda.
Expertos en vivienda señalan que confiar únicamente en el libre mercado no resolverá la crisis habitacional. Las administraciones públicas deben intervenir de manera decidida, implementando políticas que promuevan la construcción de vivienda pública, regulen los precios en zonas tensionadas y penalicen la especulación inmobiliaria. Sin una acción coordinada y comprometida, el derecho constitucional a una vivienda digna seguirá siendo inaccesible para muchos ciudadanos.
La creciente disparidad entre la oferta de viviendas y su asequibilidad es motivo de preocupación. Mientras los precios continúan al alza en numerosas regiones, la capacidad adquisitiva de la población no sigue el mismo ritmo, exacerbando las desigualdades sociales y económicas.
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