De las filtraciones hasta lo bulos: así es la estrategia de la pareja de Ayuso para desviar la atención
Fausto 
El Solidario: Álvaro García Ortiz - Alberto González Amador.
El sonado caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso pasó a ser el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este escándalo, que comenzó con acusaciones de fraude fiscal contra Alberto González Amador, ha sido hábilmente manipulado por el entorno de Ayuso para desviar la atención y convertirlo en una guerra judicial contra el fiscal general.
El origen del caso se remonta a cuando Hacienda detectó operaciones anómalas en las empresas de González Amador, lo que llevó a la Fiscalía Provincial de Madrid a denunciarlo por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental.
La denuncia señalaba que González Amador había evitado pagar más de 350.000 euros a Hacienda mediante un entramado de facturas falsas y empresas pantalla durante los ejercicios de 2020 y 2021.
Sin embargo, la estrategia del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha sido clara: convertir mediáticamente el caso de la pareja de Ayuso en el caso del fiscal general del Estado.
Rodríguez ha buscado elevar el tono y desviar la atención de las investigaciones sobre González Amador, presentando el asunto como una persecución judicial contra Ayuso.
Un giro judicial descarado y cómplice
El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha imputado a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, investigando la posible filtración de información confidencial relacionada con la causa de González Amador. Sectores de la izquierda y jueces de tendencia progresista acusan al magistrado de instrumentalizar la Justicia para favorecer a la presidenta madrileña.
La situación se ha complicado aún más con la intervención de la prensa, que ha jugado un papel crucial en la difusión de bulos y filtraciones. El diario El Mundo publicó un correo electrónico del fiscal Julián Salto, descontextualizando la información y presentándola como un ofrecimiento de pacto por parte del Ministerio Público, cuando en realidad fue el abogado de González Amador quien propuso el acuerdo.
La estrategia de Rodríguez ha sido efectiva en desviar la atención y convertir el caso en una guerra mediática contra el fiscal general. Sin embargo, es fundamental que la ciudadanía no pierda de vista el origen del escándalo: las acusaciones de fraude fiscal contra la pareja de Ayuso y la necesidad de transparencia y justicia en este caso.
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