En un escándalo que sacude nuevamente la política española, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), se niega a responder sobre la «mansión ilegal» de su mujer, Eva Cárdenas, y la orden de derribo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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Ni el entorno de Cárdenas ni el del líder del PP aclaran cuál será el futuro del inmueble, calificando el asunto como «una cuestión privada».
El pasado mes de noviembre, el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra abrió un expediente para recuperar unos terrenos en la playa de O Con, en Moaña (Pontevedra), parte de los cuales ocupa la vivienda de Cárdenas.
La orden de demolición se basa en que una porción de aproximadamente 201 metros cuadrados de la finca se encuentra en dominio público marítimo-terrestre, lo que infringe la Ley de Costas.
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Primero los privilegios, luego la ley
La falta de transparencia y la negativa a responder por parte de Feijóo y su entorno han generado una ola de indignación. La Plataforma en Defensa del Sector Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) ha sido una de las voces más críticas, denunciando las irregularidades y la aparente impunidad con la que se ha manejado el caso.
Miguel Delgado, presidente de la plataforma, ha señalado que la vivienda de Cárdenas y Feijóo es un símbolo de los privilegios y la falta de respeto a la legalidad que caracteriza a ciertos sectores políticos.
La situación se agrava con la reciente remisión de toda la documentación sobre el caso a la Fiscalía General del Estado, lo que podría abrir la puerta a nuevas investigaciones y posibles sanciones.
La falta de respuestas y la evasiva de Feijóo al tratar el tema como un asunto privado no solo socavan la confianza en las instituciones, sino que también reflejan una preocupante falta de responsabilidad y transparencia por parte de los líderes políticos.
El caso de la «mansión ilegal» de Eva Cárdenas y Alberto Núñez Feijóo pone sobre la mesa las desigualdades y los privilegios que aún persisten en nuestra sociedad. La ciudadanía merece respuestas claras y acciones contundentes para garantizar que la justicia prevalezca y que los intereses privados no se impongan sobre el bien común.
La lucha por la transparencia y la legalidad no puede detenerse. Es responsabilidad de todos exigir que los líderes políticos rindan cuentas y que se respeten las leyes que protegen nuestro patrimonio y nuestros derechos. La «mansión ilegal» de Feijóo y Cárdenas es un recordatorio de que la justicia debe ser igual para todos, sin excepciones ni privilegios.
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