En un gesto plagado de ironía, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se autoproclamó como la «heroína del bonobús» al mantener las tarifas del transporte público bonificadas al 60%.
Sin embargo, esta postura contrasta con su historial de boicotear los descuentos propuestos por el Gobierno central, dejando a muchos madrileños en la incertidumbre.
Ayuso se jacta de mantener «de momento» las tarifas bonificadas, pero su partido, el PP, ha votado en contra del decreto ‘ómnibus’ que incluía precisamente el abaratamiento del transporte público.
Esta contradicción no solo pone en evidencia la falta de coherencia en sus políticas, sino que también afecta directamente a los ciudadanos más vulnerables que dependen de estas ayudas para su movilidad diaria.
En 2022, la Comunidad de Madrid ya había mostrado resistencia a ampliar los descuentos propuestos por el Gobierno central, justificando su rechazo con argumentos que, en retrospectiva, parecen más excusas que razones válidas.
David Pérez, entonces responsable del departamento de Transporte, defendía que la Comunidad ya tenía bonificados los títulos de transporte en un 60% de media, aunque esta cifra no se reflejaba en todos los abonos y títulos multiviaje.
Las ironías oportunistas de Ayuso
La estrategia de Ayuso ha sido clara: obstaculizar cualquier medida que provenga del Gobierno central, incluso si eso significa perjudicar a los ciudadanos que más necesitan estas ayudas. Esta postura no solo es irresponsable, sino que también demuestra una falta de compromiso con el bienestar de los madrileños.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha utilizado el transporte público como un arma política, priorizando sus intereses partidistas sobre las necesidades de la población. Esta actitud no solo es perjudicial para los usuarios del transporte público, sino que también socava la confianza en las instituciones y en la capacidad del Gobierno para implementar políticas efectivas y justas.
En una realidad en la que la movilidad sostenible y accesible es crucial para el desarrollo de las ciudades, la postura de Ayuso es un retroceso. La bonificación del transporte público no debería ser una herramienta de manipulación política, sino una medida para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar un uso más responsable y ecológico del transporte.
La contradicción entre las acciones y las palabras de Ayuso es evidente. Mientras se presenta como la defensora de los descuentos en el transporte, su historial muestra una realidad muy diferente. Los madrileños merecen políticas coherentes y comprometidas con su bienestar, no estrategias políticas que solo buscan el beneficio partidista.
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