El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha sido condenado a pagar 500.000 euros por negligencia médica en un caso de parto en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. El fallo judicial destaca que la demora en realizar una cesárea urgente, pese a claros signos de alarma, resultó en daño cerebral severo para el recién nacido, privándolo de una vida normal.
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Demora médica en el parto
La madre ingresó al hospital con fiebre intraparto y otras complicaciones, como alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, que debieron alertar al equipo médico. Sin embargo, la cesárea fue retrasada, lo que el juzgado consideró una «pérdida de oportunidad» para prevenir las graves secuelas en el bebé.
Un bebé nacido en estado crítico sufrió daño cerebral severo debido a la demora en realizar una cesárea, presentando encefalopatía hipóxico-isquémica y microcefalia, lo que resultó en un 75% de discapacidad y dependencia. La sentencia judicial basa su fallo en la doctrina de «pérdida de oportunidad», señalando que una intervención médica más temprana pudo haber reducido las graves secuelas. El caso resalta la importancia de protocolos efectivos y respuestas rápidas ante signos de sufrimiento fetal.
Este caso refleja fallas en la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante emergencias obstétricas, un problema que no solo afecta a la familia afectada, sino que también evidencia carencias estructurales en la atención sanitaria pública.
Negligencia sanitaria y falta de recursos
El fallo también pone en foco la importancia de protocolos médicos actualizados y de la adecuada gestión de recursos humanos y tecnológicos en los hospitales públicos, que a menudo se ven sobrecargados. La compensación económica, aunque significativa, no repara el daño irreparable sufrido por la familia, ni compensa las consecuencias físicas y emocionales para el niño y sus cuidadores.
Condenas y un coste de 1,7 millones de euros por errores obstétricos
Tres casos recientes han llevado a condenas contra el Servicio Canario de la Salud (SCS) por errores en la atención obstétrica, generando un coste de 1,7 millones de euros. Estas sentencias destacan retrasos o ausencia de cesáreas que resultaron en daños graves a los recién nacidos. En uno de los casos, el juzgado reconoció el derecho de una embarazada a elegir el tipo de parto, calificando la actuación médica como «violencia obstétrica». Estos fallos subrayan problemas sistémicos en la atención sanitaria.
Casos como este evidencian la urgencia de fortalecer el sistema de salud pública en España, garantizando la calidad asistencial y previniendo errores que puedan comprometer vidas. Es imprescindible priorizar inversiones en formación del personal, recursos hospitalarios y políticas que reduzcan la saturación del sistema. La vida de los pacientes no puede quedar en riesgo por deficiencias que podrían haberse evitado con una intervención oportuna.
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