El gobierno de Juanma Moreno indemnizará por ignorar alertas antes del asesinato de un niño
Fatima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO.Un niño en un patio de colegio.
La Junta de Andalucía y la Diputación de Almería han sido condenadas a indemnizar con 140.000 euros al padre de un niño de siete años asesinado por su madre en 2019, tras ignorar repetidas llamadas de auxilio que alertaban del peligro que corría el menor.
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En agosto de 2019, Sergio Fernández, padre del menor, realizó hasta once llamadas a los servicios de protección de la Junta de Andalucía, advirtiendo sobre el riesgo que su hijo enfrentaba bajo la custodia materna. Lamentablemente, en octubre de ese mismo año, la madre estranguló al niño y trasladó su cuerpo a Las Norias de Daza, en Almería.
El Consejo Consultivo del gobierno de Juanma Moreno ha determinado que tanto la Junta como la Diputación de Almería incumplieron su deber de protección al menor, al no responder adecuadamente a las reiteradas denuncias del padre. El dictamen señala que el riesgo para el niño era evidente y que las autoridades debieron adoptar medidas cautelares para salvaguardar su integridad.
Negligencia y falta de la gestión
Este caso pone de manifiesto las deficiencias en los protocolos de actuación de los servicios de protección infantil en Andalucía. A pesar de las múltiples alertas y del tiempo transcurrido entre las denuncias y el trágico desenlace, no se implementaron acciones efectivas para prevenir el fatal desenlace.
La indemnización de 140.000 euros busca compensar al progenitor por la desatención pública que derivó en la muerte de su hijo. El Consejo Consultivo considera que el daño es «efectivo, individualizado, evaluable económicamente, antijurídico e imputable a la Administración», estableciendo una clara relación de causalidad entre la inacción de las autoridades y el asesinato del menor.
Este suceso resalta la necesidad urgente de revisar y fortalecer los mecanismos de protección a la infancia en Andalucía. Las instituciones responsables deben actuar con diligencia ante las señales de alarma, garantizando la seguridad y el bienestar de los menores en situaciones de riesgo. Solo a través de una respuesta efectiva y coordinada se podrán prevenir tragedias similares en el futuro.
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