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En un reciente escándalo que sacude a la Comunidad de Madrid, se ha revelado que obras de gran envergadura, valoradas en cientos de miles de euros, fueron fragmentadas en facturas de menos de 40.000 euros más IVA.
En un nuevo giro de los acontecimientos, el Gobierno de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, se encuentra bajo la lupa de la opinión pública. La Consejería de Educación, dirigida por el actual presidente de la Asamblea regional y la actual consejera de Hacienda, ha llevado a cabo reformas integrales en al menos cinco centros educativos sin seguir los procedimientos legales.
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En un reciente escándalo que sacude a la Comunidad de Madrid, se ha revelado que obras de gran envergadura, valoradas en cientos de miles de euros, fueron fragmentadas en facturas de menos de 40.000 euros más IVA.
Fragmentación de las facturas para «contratación menor»
Esta maniobra tenía un objetivo claro: eludir los controles económicos y de la Intervención que se aplican a las grandes obras. De esta manera, las reformas pasaron como “contratos menores”, evitando la necesidad de concursos públicos y generando serias preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad.
Constructores, fotografías públicas y personal de los centros educativos han confirmado que las reformas se llevaron a cabo sin seguir los procedimientos establecidos por la ley.
La sombra de la corrupción se cierne sobre el Gobierno de Díaz Ayuso, ya que este delito es similar al que llevó a la condena de la líder de Junts, Laura Borràs, por prevaricación. En su caso, las cuantías eran diez veces más pequeñas, lo que resalta la gravedad de la situación actual.
No paran los escándalos por corrupción en el gobierno de Díaz Ayuso
Este escándalo se suma a otros siete casos similares, lo que plantea serias dudas sobre la integridad del sistema educativo madrileño.
Entre los centros afectados se encuentran instituciones de secundaria, una escuela de idiomas y un centro de formación de profesorado. Estos lugares, destinados a la educación y el desarrollo de nuestros jóvenes, han sido víctimas de decisiones turbias y poco éticas.
La Fiscalía está investigando uno de los casos por indicios de delito de corrupción, lo que subraya la gravedad de la situación.
La comunidad educativa merece respuestas y rendición de cuentas. La integridad del sistema educativo no puede verse comprometida por decisiones turbias. Es hora de que seamos guardianes de la transparencia y defensores de la educación pública en Madrid.
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