La polémica sobre el nombre del estadio del Cádiz CF ha alcanzado un nuevo nivel de confrontación política y social. Adelante Izquierda Gaditana denuncia que el alcalde Bruno García, del Partido Popular, pretende reinstaurar el nombre de Ramón de Carranza, una figura estrechamente ligada al régimen franquista.
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Según el portavoz David de la Cruz, no existe ningún informe municipal que avale esta decisión, lo que refuerza la idea de que se trata de un capricho político más que de una demanda ciudadana.
El debate en torno al nombre del estadio va más allá del fútbol: está en juego la memoria histórica y los valores democráticos. El Gobierno de España ha dejado claro que homenajear a figuras relacionadas con la dictadura franquista es incompatible con los principios de la Ley de Memoria Democrática.
Un capricho ideológico
Sin embargo, el alcalde insiste en desafiar este mandato, escudándose en la «tradición» y en una supuesta defensa de las raíces del club. Pero ¿qué tradición representa Carranza? ¿La del autoritarismo y la represión?
La falta de sensibilidad hacia el pasado reciente de España resulta preocupante. Para muchos ciudadanos, la transición hacia un nombre como Nuevo Mirandilla supuso un acto simbólico de ruptura con un período oscuro de la historia. Retomar el nombre de Carranza no solo ignora este avance, sino que también invisibiliza el sufrimiento de quienes padecieron bajo el régimen que este personaje representa.
Además, la postura del Partido Popular en Cádiz refleja una tendencia más amplia dentro de ciertos sectores conservadores: minimizar los crímenes del franquismo y relativizar la importancia de la memoria histórica. Este movimiento no es aislado y forma parte de una estrategia nacional que busca reconfigurar la narrativa sobre el pasado, a menudo en detrimento de los valores democráticos.
Cádiz merece un estadio que simbolice inclusión, progreso y respeto por su historia. ¿Por qué perpetuar divisiones cuando se puede construir un legado que una? Es momento de que la ciudadanía exija coherencia y compromiso con los principios que definen una democracia real. ¿Estamos dispuestos a aceptar que la historia se reescriba en beneficio de intereses políticos?
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