María Luisa Abarca Sánchez 
Imagen de lavozdelsur.es : El Solidario. Moreno Bonilla sigue preocupando a los andaluces por el paro, la sanidad y la vivienda.
Desde la llegada de Juan Manuel Moreno Bonilla a la presidencia de la Junta de Andalucía, la comunidad ha experimentado cambios significativos en áreas críticas como el desempleo, la sanidad pública y el acceso a la vivienda. A pesar de las promesas de mejora, persisten desafíos que afectan directamente a los derechos fundamentales de los andaluces.
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Preocupación y descontento de los andaluces
El desempleo sigue siendo una preocupación central. Aunque ha habido una disminución en la tasa de paro, situándose en un 16% en 2024, Andalucía continúa por encima de la media nacional del 11%. Esta situación refleja la persistencia de la precariedad laboral y la falta de oportunidades estables para una parte significativa de la población.
La sanidad pública ha sido objeto de críticas debido a su deterioro progresivo. La preocupación por la calidad de los servicios sanitarios ha aumentado, pasando del 7,9% en junio de 2019 al 13,6% en septiembre de 2024. Los recortes y la falta de inversión adecuada han llevado a demoras en la atención y a una sobrecarga del personal sanitario, afectando directamente el derecho a la salud de los ciudadanos.
El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los andaluces. El 8,7% de la población identifica el precio y la disponibilidad de viviendas como un problema fundamental. La creciente demanda, junto con la especulación inmobiliaria y la proliferación de apartamentos turísticos, ha encarecido los precios, dificultando el acceso a una vivienda digna para muchas familias.
Las políticas implementadas por el gobierno de Moreno Bonilla han sido objeto de debate. Aunque se han anunciado incrementos en el gasto público, como un aumento de 1.000 millones de euros en el presupuesto de 2024, la distribución y el impacto real de estos fondos generan dudas. Además, se han denunciado recortes en complementos salariales para trabajadores sanitarios, lo que contrasta con las promesas de mejora en el sector.
Es necesario que las autoridades andaluzas prioricen políticas que garanticen los derechos humanos básicos: empleo digno, acceso a una sanidad pública de calidad y una vivienda adecuada. Solo así se podrá construir una Andalucía más justa y equitativa para todos.
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