Muface: ¿Un paso hacia la privatización sanitaria o un modelo insostenible?
Silvia María Vicente Moya 
Imagen: publico.es. El Solidario. Una persona sujeta un cartel durante una manifestación para defender la sanidad pública, en Madrid.
El modelo de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) enfrenta una crisis estructural que pone en jaque su continuidad. Desde su creación, Muface ha permitido a más de 1,5 millones de funcionarios optar entre el Sistema Nacional de Salud (SNS) o aseguradoras privadas.
Sin embargo, los altos costes derivados del envejecimiento de sus mutualistas y la negativa de las aseguradoras a aceptar condiciones económicas del gobierno han dejado al sistema en un limbo que muchos califican de insostenible.
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Un modelo obsoleto en declive
Muface ha sido criticado por perpetuar desigualdades, al fomentar una segmentación del acceso a la salud. La mayoría de los mutualistas han optado históricamente por aseguradoras privadas como ASISA o Adeslas.
Sin embargo, el aumento del 75% en funcionarios que prefieren la sanidad pública en la última década expone un creciente desencanto con el modelo. A esto se suma que las aseguradoras han priorizado pacientes menos costosos, lo que deja los casos complejos al SNS, agravando su ya frágil sostenibilidad.
El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, ha propuesto una transición de nueve meses para que el SNS absorba progresivamente a los mutualistas. Según el plan, las comunidades autónomas recibirían fondos específicos para reforzar la capacidad del sistema público, con compromisos como listas de espera quirúrgica cero durante el periodo de ajuste.
Este paso busca resolver los problemas estructurales de Muface, pero también enfrenta críticas de sectores que temen el impacto de incorporar un volumen masivo de pacientes al SNS.
La decisión de desmantelar Muface ha polarizado opiniones. Mientras algunos consideran que fortalecerá la equidad al unificar la atención sanitaria, otros denuncian que esta transición es una “privatización encubierta”, ya que los recursos públicos podrían no compensar las deficiencias acumuladas.
Por su parte, las aseguradoras demandan aumentos de hasta el 40% en su financiación para mantener los conciertos, una exigencia calificada por el Gobierno como insostenible.
Con un modelo señalado por su inequidad y costos crecientes, Muface enfrenta su posible desaparición. La decisión final marcará un antes y un después en el debate sobre la sostenibilidad y la justicia en el acceso a la sanidad en España.
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