La Inspección Urbanística de la Junta de Andalucía ha multiplicado sus esfuerzos para combatir las parcelaciones y edificaciones ilegales en suelo rústico, logrando un récord de 425 recintos en 2024, más que en cualquier otra provincia de Andalucía.
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Esta cifra es doce veces mayor que los expedientes registrados en 2018, reflejando el cambio drástico en la política de control del urbanismo irregular.
Un problema ambiental y social urgente
La proliferación de construcciones ilegales no solo afecta al ordenamiento territorial, sino que tiene un impacto directo en el medio ambiente y la calidad de vida. En zonas como Cádiz, estas edificaciones han contribuido a la sobreexplotación de acuíferos y al deterioro de ecosistemas locales. Además, muchas carecen de acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento o emergencias, agravando la vulnerabilidad de las comunidades afectadas.
Desde 2023, la Junta implementó un modelo preventivo que, además de los recintos, incluye la creación de un Cuerpo de Subinspectores especializados medidas y cautelares más ágiles. Este cambio también busca fomentar una conciencia social contra el urbanismo ilegal, que históricamente se había normalizado.
Las sanciones son severas
La Junta ha dejado claro que la construcción en suelo rústico es una infracción urbanística muy grave, sancionable con multas de hasta 120.000 euros . Además, continuar las obras tras un recinto puede conllevar delitos penales y penas de cárcel.
¿Cómo equilibrar el crecimiento urbanístico con la preservación del medio ambiente y los derechos humanos? Las políticas deben enfocarse en alternativas legales de vivienda para las comunidades, promoviendo un desarrollo urbano sostenible.
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