La reciente decisión de un juez de enviar al Tribunal Supremo una causa contra Alvise Pérez por presuntos desórdenes públicos en las manifestaciones en Ferraz ha reabierto el debate sobre el límite de las protestas y el uso de la desinformación en actos públicos.
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Según fuentes judiciales, Pérez enfrenta cargos relacionados con su presunta incitación a disturbios en las protestas de noviembre de 2023 frente a la sede del PSOE, lo que ha generado polémica en círculos sociales y políticos, preocupados por los discursos incendiarios y sus posibles efectos en el orden social.
La Fiscalía ha señalado que los actos en cuestión pueden implicar un delito grave debido a la incitación y participación en disturbios que afectaron la seguridad ciudadana.
Este caso se enmarca en el contexto de otras investigaciones en Europa sobre el papel de figuras públicas en la manipulación de la opinión pública y los efectos de su influencia en eventos multitudinarios.
¿Deberían estas figuras asumir mayor responsabilidad en la influencia que ejercen sobre la ciudadanía?
FUENTE: ElDiario.es