La falta de acuerdo político deja a los menores migrantes en Canarias en una crisis humanitaria. ¿Quién asumirá la responsabilidad?
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La crisis migratoria en Canarias ha revelado la indiferencia de varias comunidades autónomas ante la emergencia humanitaria de los menores migrantes no acompañados. La falta de solidaridad y la negativa a recibir a estos niños agravan una situación ya crítica en los centros canarios, que superan el 850% de su capacidad. Este rechazo, impulsado por condicionamientos presupuestarios y alianzas políticas, prioriza intereses partidistas sobre el bienestar y seguridad de miles de menores.
La urgencia de un compromiso solidario
Mientras Canarias soporta una carga desproporcionada, las comunidades lideradas por el Partido Popular miran hacia otro lado. Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno canario, expresó que “no podemos gestionar esta crisis solos”, en un llamado directo a la colaboración. Sin embargo, el apoyo se ve truncado: negociaciones presupuestarias y presiones de Vox obstaculizan el consenso para una reforma de la ley de Extranjería, que facilitaría una distribución justa y equitativa de los menores entre comunidades autónomas.
En contraste, Canarias ha conseguido recientemente una subvención de 100 millones de euros tras insistentes reuniones con la administración central. Este recurso busca aliviar una situación desesperada, aunque representa una medida temporal ante un problema de alcance nacional. Sin embargo, el esfuerzo económico no sustituye la acción efectiva y comprometida de otras comunidades.
La solidaridad, una cuestión de Estado
Fernando Clavijo, presidente de Canarias, demanda que el apoyo a estos menores sea tratado como “un asunto de Estado”. Señala que, hasta ahora, se han pospuesto soluciones estructurales, mientras la sobrecarga en las islas crece día a día. La negativa de comunidades a recibir menores refleja un panorama desalentador donde la solidaridad parece un término vacío, rehén de intereses políticos. Esta crisis exige algo más que promesas; es hora de que todas las comunidades autonómicas asuman su responsabilidad.
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Fuente: Canarias7
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